Los más de 300 cambios efectuados el año pasado a la Ley Federal del Trabajo para flexibilizar la contratación y despido de trabajadores hasta el momento no han tenido efectos en una mayor generación de empleos. Y, a cinco meses de entrados en vigor, 74% de los empresarios asegura que los cambios no cumplieron con sus expectativas.
Este último dato lo revela el estudio elaborado por KPMG denominado “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2013”, mismo que destaca: “a pesar de que (la reforma) incluye muchas de las medidas demandadas por los empresarios, como la flexibilidad para contratar y despedir personal, y la limitación a la acumulación de salarios caídos durante la tramitación de juicios laborales, los empresarios parecen tener una opinión fuerte al respecto”.
Así, durante el primer trimestre del año, se han generado 189,023 plazas de trabajo formal, el tercer monto más bajo para un periodo comparable en la última década (excluyendo al 2009, en cuyo primer trimestre se perdieron más de 181,000 empleos debido a la crisis económica de ese año).
Hugo Ítalo Morales, presidente de la Comisión Laboral de la Canacintra, confirma que existen muchas contradicciones en la redacción de los cambios propuestos, pues en el caso del outsourcing, “sistema indispensable e ineludible para las empresas, ni la propia Secretaría del Trabajo lo ha entendido ni cómo vigilarlo”.
Explicó que las imprecisiones no sólo se presentan en la forma final sobre cómo aplicar el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, que regula el outsourcing; sino porque siguen existiendo los esquemas de contratación a través de las sociedades cooperativas o comanditas, “figuras mercantiles que sirven para simular el acto jurídico (de la subcontratación)”.
El citado artículo 15-A contempla tres condiciones para que pueda efectuarse el outsourcing: no podrá realizarse en las actividades sustantivas que constituyan el objeto principal de la empresa; deberá justificarse por su carácter especializado, y no podrá abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo ni comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores.
Agregó que son pocas las empresas que están corrigiendo las nuevas disposiciones de la legislación, principalmente, porque “están a la expectativa para ver cuál es el comportamiento de la autoridad: no ha hecho nada la dependencia”.
“En ese sentido, todavía no se tiene claro cuál serán los alcances de las modificaciones a los regímenes como el outsourcing, que “no cumplió con las expectativas de los generadores de empleo”.
De hecho, empleadores, miembros de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), iniciaron el proceso de revisión de los prestadores de servicio de tercerización, pero “aún no percibimos cambios importantes en las relaciones laborales”, admitió Pedro Borda Hartmann, director de la Amedirh.
Carlos Gallegos, director jurídico laboral de Adecco, firma especializada en soluciones de capital humano, coincidió en que actualmente existen dos interpretaciones en cuanto al cumplimiento de las condiciones de las subcontratación, e incluso, ante el temor de ser multados, ha ocasionado que entre 5 y 20% de las empresas con contratos de outsourcing haya cambiado de proveedor.
De acuerdo con los especialistas, se espera que haya un cambio de opinión hasta en un año, pues ante la falta de claridad en la manera en que se deben aplicar los cambios de la ley, la postura de los empresarios será negativa.
A lo anterior, se suma la dificultad de las nuevas formas de contratación, como la de prueba, que no ha resultado atractiva, pues obligan al patrón a contratar por un tiempo excesivo al empleado cuando la evaluación de sus aptitudes puede ser más sencilla.
Y en el pago por horas, “pagar de inicio el salario mínimo es modificar la forma de contratación, porque si requería que trabajaras sólo cuatro horas, ahora te contrataré por ocho horas y te pago lo mismo. Eso ha dado pie a que el trabajador de cierta especialidad ahora tenga que cumplir con otras tareas para justificar el salario que se le de”, explicó Ítalo Morales.
FUENTE: EL ECONOMISTA