Se acabó. Poco más de tres años después de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por unanimidad, que las relaciones laborales, individuales y colectivas, en el extinto organismo, habían terminado como consecuencia natural de su desaparición. Con el fallo de la Corte se pone punto final a esta historia que inició con una decisión pertinente, oportuna, legal y valiente del Presidente Felipe Calderón.
Ocurrió el 10 de octubre del 2009, época por demás difícil. Tiempo en el que conocí al Calderón más responsable y congruente. Presidente que no podía pedir más impuestos y sacrificios a la gente -en plena crisis- al tiempo de destinar 42 mil millones de pesos para mantener a un organismo ineficiente y corrupto, refugio de un sindicato acostumbrado a hacer y deshacer sin freno ni control: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El cierre de LyFC y la transición que facilitó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la prestación del servicio público de energía eléctrica se hizo sin violencia, sin romper un solo vidrio y sin suspender el suministro del servicio. El Decreto de extinción tuvo como fundamento la Ley Federal de Entidades Paraestatales y el mismo fue avalado por unanimidad del Pleno de la Corte en julio del 2010.
Paulatinamente, el servicio de CFE mejoró y la competitividad de la zona centro del país aumentó. Los mexicanos dejamos de transferir esos multimillonarios recursos públicos para mantener una necedad. La histórica decisión cobraba sentido. Y no quiero que ello parezca un desprecio al dolor y frustración que sintieron y sienten miles de familias al ver su fuente de trabajo agotada. Pero el interés público debe siempre velar por el beneficio de las mayorías. Sólo piense el lector cuantas oportunidades de crecimiento y de empleo se frustraban año con año por las ineficiencias y corruptelas del organismo y su sindicato y los cuantiosos recursos del erario destinados a su manutención.
Como consecuencia de la extinción, desde el primer momento se ofreció a los ex trabajadores de LyFC una liquidación por demás generosa, que sumaba los conceptos de ley, de su contrato colectivo y un bono adicional. El promedio de dicha liquidación fue de tres años de su último salario integrado. El 65 por ciento de ellos acepto su indemnización pero los restantes 16 mil trabajadores (aproximadamente) mantuvieron hasta hoy la esperanza de ser reubicados en la Comisión Federal de Electricidad como consecuencia de una sustitución patronal, acompañada desde luego del consecuente pago de salarios caídos durante todo este tiempo. No estábamos en ese supuesto jurídico. Haber resuelto de otra manera hubiera implicado una decisión arbitraria y a todas luces inconveniente para la economía nacional y para la eficiencia en la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Esa falsa expectativa corrió a cargo, sobre todo, del líder del SME Martín Esparza y de sus abogados Carlos y Néstor de Buen. Inflaron un globo de esperanza que reventó por la natural atmósfera jurídica que rodeó el proceso de extinción de LyFC.
Corresponde ahora el pago de las liquidaciones a los ex trabajadores que guardaron resistencia. Esa oferta estuvo siempre al alcance de su mano. Fue la posición original de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Hoy la falsa expectativa se esfumó y el asunto es ya cosa juzgada y caso cerrado. Que conste que advertí este final una y otra vez.
Quienes cobraron su liquidación en las primeras etapas de pago obtuvieron bonos adicionales, capacitación a través del Servicio Nacional de Empleo y otros apoyos para su reinserción laboral. Muchos ingresaron a trabajar en la CFE. Ellos supieron que no había nada más que hacer en un proceso que no tenía vuelta de hoja.
Quizá ahora la dirigencia del SME y sus estrategas jurídicos ofrezcan a sus agremiados acudir a instancias internacionales para denunciar y abatir esta supuesta atrocidad del Estado mexicano. Sería desde luego un nuevo engaño pero le daría al liderazgo sindical vida y movimiento. Lo cierto es que la extinción de LyFC y la lucha jurídica del SME es ya un caso cerrado.
Fuente: EL UNIVERSAL